Ministerio Público Federal de Brasil contra la corrupción

De un lado, Petrobras, por malversación, lavado de dinero y soborno… De otro, Lula da Silva y representantes políticos, por corrupción y enriquecimiento ilegal... Ese es el camino que siguen e intentan cruzar autoridades federales en Brasil, con vistas a probar cómo empresas y personas han lucrado a costa de las arcas del Estado.

Luiz Inacio Lula da Silva aún figura en el centro de las investigaciones que apuntan hacia Petrobras y su protagonismo en delitos federales como los de tipo financiero. Según un reciente comunicado oficial firmado por el Asesor de Comunicación de la Procuraduría General del estado de Paraná, el expresidente de Brasil “utilizó posiblemente su influencia, antes y después del mandato”, para apoyar actividades ilícitas de empresas y personas vinculadas con la petrolera estatal.

Corrupción y lavado de dinero son los dos principales delitos por los cuales Lula da Silva se encuentra en la mira, junto a “sus colaboradores”. El Tribunal Curitiba 13, a petición del Ministerio Público Federal de Brasil (MPF), lleva a cabo las pesquisas ya durante la etapa 24 de este caso denominado “Lava Jato” (“Lavadero de autos”).

El pasado viernes 4 de marzo –de acuerdo con el comunicado– se cumplieron nuevas órdenes de registro e incautación de documentos. ¿Objetivo máximo? Descubrir otras pruebas sobre el destino de los fondos desviados de Petrobras. Como resultado de la búsqueda, salieron a relucir pagos sin justificación económica legal realizados al exmandatario y demás “personas asociadas” –dígase líderes y miembros de varios partidos políticos, sobre todo, el de los Trabajadores (PT), el Progresista y el del Movimiento Democrático Brasileño.

“Hay evidencias de que el expresidente Lula recibió valores oriundos del esquema de Petrobras por medio de la asignación y reforma de un apartamento tríplex y de una finca en Atibaia, la entrega de muebles de lujo en las dos propiedades y de almacenamiento de los bienes por una empresa de transporte. También se determinan los pagos al exmandatario, hechos por empresas investigadas en la Operación ‘Lava Jato’, a título de supuestas donaciones y conferencias”, consta en el mencionado documento difundido por la fiscalía de Paraná.

Enfatiza el texto en que “dentro de una república, incluso las personas ilustres y poderosas deben ser objeto de revisión judicial cuando hay una sospecha razonable de actividad criminal, que se basa en este caso en testimonios y pruebas documentales”.

Hasta la fecha, se tienen evidencias calificadas de consistentes respecto a que Lula da Silva resultó “uno de los principales beneficiarios de los delitos”. El también fundador y líder del izquierdista PT, podía decidir quiénes ocuparían cargos directivos en Petrobras.

La todavía supuesta implicación de “una de las figuras políticas más influyentes de Brasil” –al decir de la prensa–, en lo que se cataloga de magafraude, ha generado posiciones encontradas. Notas informativas de la agencia AFP dan cuenta de manifestaciones, incluso violentas, donde un grupo de la población lo apoya mientras otro lo repudia.

Como resultado de la Operación “Lava Jato”, han ido a prisión, o podrían ir próximamente, ejecutivos de alto nivel de Estado, otros funcionarios públicos y empresarios del país. Estos últimos, al frente de las principales constructoras de Brasil –Odebrecht, solo un ejemplo–, constituyeron un cártel y, mediante sobornos a directivos de la petrolera estatal y representantes de partidos políticos, manipularon licitaciones de Petrobras en beneficio propio. Reportes noticiosos de la agencia AP añaden que la tasa media de los pagos variaba entre el 1 y 3 por ciento del valor total de cada contrato.

El gobierno de Lula da Silva se extendió de 2003 a 2010. La sucesora, Dilma Rousseff, ha visto caer su popularidad. ¿Razones? Ante la sospecha de haber recibido fondos ilegales para el financiamiento de su campaña electoral, dos ministros cercanos a ella estuvieron envueltos en la “la mayor investigación de corrupción y lavado de dinero desarrollada en Brasil”, así definida en el sitio oficial http://lavajato.mpf.mp.br/entenda-o-caso. Las indagaciones, iniciadas en marzo de 2014, arrojaron que el volumen de recursos desviados por Petrobras de las arcas del Estado asciende a miles de millones de reales. El economista, periódico mexicano que ha seguido se cerca el escándalo enfocado en el “gigante petrolero”, asegura que todo lo anterior ha dirigido a la mayor economía de América Latina hacia el estancamiento o la recesión.

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